La crisis de morosidad abrió una fuerte interna en el sector financiero por cómo se informan las tasas de interés

El fundador de Mercado Pago, Marcos Galperin, cuestionó la obligatoriedad de publicar la Tasa Efectiva Anual para créditos cortos por considerarla engañosa. En la vereda de enfrente, economistas y exfuncionarios defienden la medida para evitar abusos y publicidad engañosa.

La escalada en la morosidad de los créditos al consumo desató un debate profundo en el sistema financiero que va mucho más allá de la discusión política tradicional. Los usuarios que intentan financiar sus gastos diarios se encuentran hoy en medio de una disputa técnica y regulatoria sobre la forma en que las entidades informan el costo real del dinero, un factor clave que define quiénes caen en situación de impago.

Quien encendió la mecha de la polémica fue el fundador de Mercado Pago, Marcos Galperin, al cuestionar con dureza las normativas vigentes del Banco Central para los préstamos de corto plazo. El empresario criticó la obligatoriedad de exhibir la Tasa Efectiva Anual (TEA) y fue tajante al respecto: “Las tasas efectivas son una gran mentira. De hecho, para los préstamos de corto plazo, por definición, son tasas falsas e infladas, ya que asumen que el préstamo se renueva, y aplica interés compuesto anual a un préstamo de siete días”.

Para el titular de la fintech más grande del país, la imposición de este indicador distorsiona el análisis del tomador de crédito y confunde al público general. Su postura generó un inmediato cruce de opiniones con analistas y exfuncionarios del sector público que defienden la transparencia de la TEA como la única herramienta capaz de mostrar el verdadero impacto del interés compuesto en el bolsillo de la gente.

La defensa de la transparencia frente al engaño publicitario

En la vereda opuesta a los planteos de la fintech, el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, salió al cruce y propuso un camino inverso, que consiste en eliminar por completo la Tasa Nominal Anual (TNA) de la comunicación comercial. El economista utilizó una comparación muy directa para sostener su punto: “No tiene ningún sentido económico relevante. Es como si decir ’30 kilómetros por hora’ fuera una velocidad diferente cuando corrés 1km que 5k o 10k”.

Según la visión de Llach, la persistencia de la TNA solo sirve para generar confusión y facilitar la publicidad engañosa en el mostrador. Por este motivo, el exfuncionario sugirió que el Congreso debería intervenir mediante una ley para simplificar la información y exigir que se detallen únicamente dos conceptos claros: “TEA sin impuestos y TEA con impuestos”.

El debate cobra mayor relevancia en un contexto donde los deudores con problemas de pago se multiplican y recurren a las redes sociales para asesorarse, muchas veces de forma errónea, sobre cómo evitar los reclamos de las agencias de cobranza. Los especialistas advierten que la falta de una educación financiera clara empuja a los usuarios a tomar decisiones que los terminan excluyendo de manera definitiva del circuito formal de crédito.

El peso del Estado y la presión impositiva en el costo final

Más allá de las diferencias sobre las tasas nominales o efectivas, los distintos actores del sector coinciden en que el verdadero problema que encarece el financiamiento es la enorme carga tributaria que se aplica sobre cada operación. El analista financiero Christian Buteler estimó que las tasas municipales, los Ingresos Brutos provinciales y el IVA nacional pueden representar hasta un 40% del Costo Financiero Total (CFT).

Ante este escenario, Buteler propuso una alternativa para aliviar la situación de los deudores sin alterar las reglas del mercado: “Una medida transitoria, sin subsidios ni rescates, que permite ganar tiempo mientras se corrige el problema de fondo: tasas e ingresos”.

Sin embargo, la propuesta de eliminar tributos choca con la realidad de las finanzas públicas locales. Desde el ámbito municipal, Alejandra Scarano, secretaria de Hacienda de Hurlingham, relativizó el impacto de las alícuotas y apuntó directamente al encarecimiento financiero que aplican las propias entidades prestadoras. Para la funcionaria, la explicación del fenómeno es matemática: “El problema no es la alícuota sino la base sobre la que aplicás, que crece porque aumentó la tasa que cobran los bancos”.

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