La Casa Rosada trabaja en una nueva redacción después de las objeciones que generaron las modificaciones incluidas en el proyecto enviado al Congreso. El oficialismo pretende acordar con bloques aliados un régimen permanente para el sector, aunque anticipó que no retirará todos los cambios propuestos.
El Gobierno nacional abrió negociaciones para modificar el capítulo referido a discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, luego de las diferencias que surgieron dentro del oficialismo y entre los bloques que habitualmente acompañan al Ejecutivo en el Congreso. La intención de la Casa Rosada es avanzar con un nuevo texto que pueda reunir los votos necesarios para obtener dictamen en la Cámara de Diputados.
La discusión comenzó después de conocerse que el proyecto presupuestario propone modificaciones sobre el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre ellas aparecen cambios en el mecanismo de actualización de los aranceles y en las reglas que regulan el nomenclador utilizado por obras sociales, prepagas y organismos públicos. También plantea modificaciones sobre las pensiones no contributivas y las condiciones para acceder a determinados beneficios.
Actualmente, los valores del nomenclador se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación. El viernes 18 de septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una suba del 1,7% correspondiente a septiembre y señaló que el esquema vigente contempla ajustes periódicos mediante el Índice de Precios al Consumidor.
El texto presentado dentro del Presupuesto 2027 propone alterar parte de ese funcionamiento. Uno de los puntos cuestionados establece que los valores de las prestaciones no necesariamente deberán ser homogéneos para todos los financiadores y modifica la actualización automática vigente. También se plantean cambios en el régimen de pensiones y en su compatibilidad con el empleo formal.
Las modificaciones provocaron cuestionamientos entre legisladores opositores y aliados parlamentarios, pero también expusieron diferencias dentro de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, reconoció públicamente que no había sido informada previamente sobre los cambios incorporados al proyecto y sostuvo que el asunto no había sido discutido en la mesa política del Gobierno.
Frente a ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado comenzaron a trabajar sobre una propuesta alternativa para llevar a los bloques aliados. Según fuentes oficiales, la intención es conseguir un texto consensuado, aunque el Ejecutivo no prevé retirar la totalidad de los puntos incluidos originalmente.
El planteo de la Casa Rosada apunta a reemplazar el esquema de emergencia por una legislación permanente para discapacidad. El argumento oficial es que un régimen estable permitiría establecer reglas, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control con una perspectiva de largo plazo, en lugar de mantener sucesivas prórrogas de normas excepcionales.
La Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad tiene vigencia hasta fines de 2026 y en Diputados ya se encuentra en discusión una iniciativa para extenderla hasta el 31 de diciembre de 2027. A comienzos de septiembre, autoridades de la Secretaría Nacional de Discapacidad concurrieron al Congreso para exponer sobre ese proyecto y las medidas adoptadas por el Ejecutivo en el sector.
La negociación parlamentaria buscará ahora acercar ambas posiciones. El oficialismo pretende presentar su nueva propuesta ante los bloques dialoguistas y, en caso de alcanzar un acuerdo, obtener dictamen durante la próxima semana. Una de las alternativas analizadas consiste en incorporar directamente al Presupuesto 2027 las modificaciones consensuadas para el régimen de discapacidad.
De esa manera, las reglas que finalmente acuerden el Gobierno y sus aliados quedarían incluidas en el proyecto presupuestario cuando llegue al recinto. Otra posibilidad es avanzar primero con una iniciativa específica sobre discapacidad y luego adecuar las partidas presupuestarias, aunque dentro del Ejecutivo gana terreno la opción de resolver ambas cuestiones en el debate del Presupuesto.
También está en discusión la actualización de la AUH
El Presupuesto 2027 contiene además una propuesta para modificar el mecanismo de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. El proyecto busca eliminar el ajuste automático según la evolución de la inflación, aunque dentro del propio oficialismo consideran difícil que ese cambio consiga respaldo suficiente en el Congreso.
Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que existe un compromiso para sostener la cobertura de las prestaciones sociales. Según fuentes del Ejecutivo citadas por LA NACION, el Gobierno mantiene además compromisos vinculados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que la cobertura de esos programas se mantenga en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria.
La discusión sobre discapacidad se convirtió así en uno de los principales puntos de negociación del Presupuesto 2027. El Gobierno mantiene su objetivo de establecer un esquema permanente y compatible con sus metas fiscales, mientras deberá acordar con los bloques aliados cuáles de las modificaciones originales permanecerán y cuáles serán reformuladas antes de llevar el proyecto al recinto. Con información de La Nación.
