Las firmas Rockhopper y Navitas restaron importancia a las medidas del Gobierno argentino. Aseguraron que sus licencias son legales, cuentan con el respaldo del Reino Unido y confirmaron que mantendrán el cronograma de explotación en el yacimiento Sea Lion.
Los directivos de las compañías petroleras que operan en el norte de las islas Malvinas salieron al cruce de los anuncios oficiales y ratificaron la continuidad de sus planes de inversión. A través de un comunicado conjunto, la firma británica Rockhopper y la israelí Navitas relativizaron las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei para las empresas que exploten recursos naturales sin la autorización de la Argentina.
Los empresarios del sector hidrocarburífero se mostraron firmes respecto a la validez de sus operaciones en el Atlántico Sur y remarcaron que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas. La reacción empresaria buscó calmar a los mercados financieros de Londres, donde las acciones de ambas firmas llegaron a caer hasta un 10% tras el discurso presidencial, para luego recortar la pérdida a la mitad.
En el documento difundido para llevar tranquilidad a los inversores, los voceros de las petroleras señalaron que “no esperan que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”. Según explicaron las compañías, la aclaración pública respondió directamente a los “informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino”.
Inversión millonaria y respaldo británico
El proyecto Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y a 450 metros de profundidad. Tras completar la fase de exploración y declarar la viabilidad técnica y económica a fines de 2025, los operadores ratificaron que el yacimiento cuenta con “apoyo total y continuo del gobierno británico” para avanzar hacia la etapa de extracción de crudo.
El plan de las operadoras contempla un desembolso inicial de US$ 1.800 millones para alcanzar la primera producción de petróleo, al que se sumará un desembolso posterior de US$ 2.100 millones para sostener la explotación durante un plazo proyectado de 30 años. Los geólogos y técnicos de las compañías estiman que el área posee unos 314 millones de barriles de reservas probadas y probables, lo que convierte al yacimiento en el principal foco de tensión hidrocarburífera en la región de Malvinas.
