La Municipalidad de Almafuerte salió a responder las acusaciones de integrantes del Concejo Deliberante sobre el supuesto uso o agotamiento de los fondos del cuerpo legislativo. A través de un comunicado oficial fechado el 1 de octubre, el Departamento Ejecutivo rechazó que la situación sea responsabilidad de su gestión y atribuyó los problemas presupuestarios a las decisiones de gasto del propio Concejo.
El documento, firmado por la intendenta Celia M. Smiak, sostiene que el presupuesto del ejercicio 2026 fue aprobado por los concejales y asegura que el municipio presenta en tiempo y forma las rendiciones trimestrales ante el Tribunal de Cuentas de Misiones, además de compartir esa información con el órgano deliberativo.
El punto central de la respuesta oficial está en los gastos que, según el Ejecutivo, decidió incorporar el Concejo. El comunicado menciona la contratación de asesores legales y contables, la creación de un cargo de prosecretario y aumentos en las dietas: un 30% para sus integrantes y un 45% para la presidencia, con los adicionales incluidos.
Para cuestionar esas decisiones, la Municipalidad señala que la inflación entre enero y julio rondó el 18%, de acuerdo con los valores consignados en el documento, y sostiene que los incrementos estuvieron por encima de ese porcentaje. En ese marco, acusa al cuerpo legislativo de haber ejecutado sus recursos de manera “irresponsable” y de pretender trasladar las consecuencias al gobierno municipal.
Según la versión del Ejecutivo, el presupuesto del Concejo creció más de un 40% respecto de 2025, pero aun así el cuerpo habría agotado sus recursos y quedado sin fondos para afrontar los gastos de octubre, noviembre y diciembre. Como contrapunto, la gestión municipal afirma que plantea mantener para 2027 el mismo presupuesto del Ejecutivo correspondiente a 2026.
El comunicado también revela un intento de acercamiento institucional. La Municipalidad asegura que envió una nota al Concejo para solicitar una propuesta de readecuación de sus erogaciones que permitiera encontrar una solución. Sin embargo, sostiene que no recibió esa propuesta y que, en su lugar, surgieron señalamientos contra la administración municipal.
La respuesta apunta directamente a la presidencia del Concejo, a la que identifica como responsable de ejecutar los gastos del cuerpo. El Ejecutivo afirma que la situación responde a una mala administración de esos recursos y rechaza que pueda imputarse al gobierno local.
Sobre el cierre, la Municipalidad reclama que la discusión se dé en los ámbitos institucionales correspondientes, “con números sobre la mesa”, y cuestiona lo que considera interpretaciones contables parciales que generan alarma entre los vecinos.
El pronunciamiento expone una fuerte tensión entre ambos poderes municipales por la administración del presupuesto legislativo y el financiamiento del último trimestre del año. La posición difundida corresponde al Ejecutivo: el comunicado no incorpora el detalle de las acusaciones de los concejales ni una respuesta de la presidencia del Concejo a estos cuestionamientos.
