La rápida intervención judicial permitió bloquear en Misiones una presunta maniobra de entrega irregular de dos niños, de 5 años y de 1 año y 8 meses, que habrían sido ofrecidos a una tercera persona a cambio de un vehículo utilitario.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá, a cargo del doctor Lafata como subrogante, luego de que una mujer de 27 años se presentara en la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y denunciara que su expareja tendría intenciones de entregar a dos de sus hijos a cambio de recibir el vehículo.
Por la gravedad del hecho y, fundamentalmente, porque estaban involucrados dos niños de muy corta edad, la Justicia actuó antes de que la presunta operación pudiera concretarse. El allanamiento tuvo como objetivo resguardar a los menores y preservar elementos que pudieran resultar determinantes para establecer qué se estaba organizando.
Durante el procedimiento fue secuestrado un teléfono celular que, según la investigación, habría sido utilizado para coordinar la operación denunciada. Además, fue detenido el hombre señalado como presunto responsable.
La situación remite inevitablemente, aunque se trate de investigaciones y circunstancias diferentes, a la enorme sensibilidad que generó en el país el caso Loan Peña en Corrientes. Aquel episodio instaló definitivamente en la agenda pública la necesidad de actuar de inmediato frente a cualquier indicio relacionado con la posible captación, traslado o entrega irregular de menores.
En este caso ocurrido en Misiones, justamente, la importancia radica en que la denuncia llegó antes de que la presunta entrega pudiera consumarse y permitió activar los mecanismos judiciales y policiales para proteger a los niños y asegurar potenciales pruebas.
La causa fue encuadrada provisoriamente en el artículo 139 bis del Código Penal, que establece penas de tres a diez años de prisión para quien facilite, promueva o intermedie en la entrega irregular de un menor, exista o no un precio o promesa de remuneración.
La investigación deberá determinar ahora quién era la tercera persona que presuntamente recibiría a los niños, cuál era el verdadero alcance de la operación y si existieron otros participantes. Pero el dato central ya aparece con claridad: una intervención a tiempo permitió impedir que una maniobra de extrema gravedad avanzara y que dos menores quedaran expuestos a un destino incierto.
Detuvieron a un hombre investigado por intentar entregar a dos de sus hijos a cambio de un vehículo en Aristóbulo del Valle
La investigación se inició luego de que la madre de cuatro menores denunciara haber recibido un audio en el que su expareja, padre de los niños, habría manifestado intenciones de entregar a dos de ellos a cambio de un automóvil o una camioneta. A partir de la denuncia, la Justicia ordenó medidas que derivaron en la detención del acusado, quien posee antecedentes penales, el resguardo provisorio de los cuatro hermanos y el secuestro de tres teléfonos celulares.
El caso comenzó cuando una mujer de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle y denunció que había recibido, a través de WhatsApp, un audio en el que reconoció la voz de su expareja. En la grabación, el hombre habría expresado, entre otras cuestiones, su intención de entregar a dos de sus hijos a cambio de un vehículo.
Ante la gravedad de lo denunciado, se dio inmediata intervención al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, que dispuso medidas destinadas a proteger a los niños, detener al investigado y preservar posibles elementos de prueba.
En cumplimiento de la orden judicial, cerca de las 23 del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda del barrio Municipal, donde detuvieron a Ramón V., de 38 años, quien registra antecedentes penales.
Tras la intervención, los cuatro hermanos, de 11, 9 y 5 años y 1 año y 8 meses, quedaron provisoriamente al resguardo de una tía paterna. Asimismo, una psicopedagoga y una asistente social intervinieron y brindaron asistencia y contención a los menores.
En paralelo, personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI incautó tres teléfonos celulares vinculados a la denunciante, al acusado y a un tercero, cuya eventual relación con el hecho es materia de investigación. Los dispositivos quedaron bajo cadena de custodia y serán sometidos a pericias.
La causa se tramita bajo la calificación de “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”, mientras continúan las medidas para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existen otras personas involucradas.
Como antecedente, se estableció que los cuatro menores se encontraban al cuidado de su progenitor desde tiempo atrás, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió su internación, circunstancia por la cual los niños habían quedado bajo el cuidado paterno.
