El informe contabilizó 29 personas fallecidas y más de 20 heridas en 22 siniestros graves registrados entre junio y julio de 2026, sobre corredores nacionales como las rutas 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226.
Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) encendió una señal de alarma sobre el estado de las rutas nacionales y las consecuencias que, según la organización, está generando la reducción de recursos destinados al mantenimiento y la seguridad vial.
Uno de los datos más sensibles del relevamiento indica que 23 de las víctimas fatales se registraron solamente entre el 1° y el 16 de julio, un período de apenas dos semanas que concentró buena parte de los siniestros analizados.
FEPEVINA cruzó los accidentes con información técnica sobre el estado de las rutas y señaló la presencia de baches profundos, ahuellamientos, banquinas descalzadas y deficiencias de señalización. El documento aclara que las condiciones del pavimento no necesariamente constituyen por sí solas la causa de un accidente, pero pueden convertirse en un factor que agrave o desencadene errores humanos.
Según el relevamiento, 11 de los 17 tramos que cuentan con datos oficiales del Índice de Estado de Vialidad presentaban una calificación mala. Entre los ejemplos mencionados aparece la Ruta Nacional 12, en Corrientes, donde se detectó un ahuellamiento de 35 milímetros que, de acuerdo con el informe, incrementa el riesgo de hidroplaneo.
La situación adquiere especial relevancia para Misiones, cuya principal conexión terrestre con el resto del país se sostiene precisamente sobre corredores nacionales como las rutas 12 y 14, fundamentales para el transporte de pasajeros, la logística, el turismo y la producción regional.
El documento también vincula el deterioro vial con la ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Vialidad. Según FEPEVINA, al 31 de julio el organismo había ejecutado el 29,8% de su presupuesto, mientras que el 63% de los proyectos de obra relevados registraban partidas prácticamente sin utilización.
La organización advirtió además sobre programas vinculados con seguridad vial y reparación de puentes que habrían quedado sin financiamiento y señaló que, desde diciembre de 2023, se produjo una reducción de 1.333 puestos de trabajo dentro del organismo.
Otro de los cuestionamientos apunta al destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. FEPEVINA sostuvo que entre enero y julio de este año se habrían recaudado alrededor de $3,8 billones, pero que solamente una pequeña proporción terminó destinada efectivamente a obras viales.
El planteo aparece además en momentos en que avanza el nuevo esquema nacional de concesiones sobre aproximadamente 9.400 kilómetros de rutas. Desde la Federación advierten que, aun con ese proceso, una parte importante de la red nacional permanecería fuera de los corredores concesionados y seguiría necesitando inversión pública para garantizar su mantenimiento.
El informe vuelve así a colocar la discusión sobre el estado de las rutas en un punto sensible: detrás de los números presupuestarios y de los modelos de administración vial aparece una cuestión directamente vinculada con la seguridad de quienes todos los días circulan por los corredores nacionales.
